No a la rapaz Majaz

¿Tiene derecho una empresa minera, con el aval del neofujimorismo aprista, a destruir el hábitat, las cosechas y las fuentes agua de 200 mil campesinos pobres del Perú, a cambio de magros impuestos que hipotéticamente pagará en el futuro?

¿Es ilegal que campesinos que jamás han visto la presencia del estado en sus localidades, organicen un consulta popular para impedir que una empresa china, cutréandose hasta al ministro de Energía, decida expropiarles sus casas y sus chacras?

Como lo demuestra el informe de la Defensoría del Pueblo, todas las actividades de exploración que ha desarrollado la minera Majaz en los terrenos de las comunidades han sido ilegales ¿Cómo así? Muy simple: la ley exige que para proyectos de exploración como el de Río Blanco, se pida la autorización de la asamblea de la comunidad campesina cuya superficie va a ser afectada. Y es más, se necesitan los dos tercios de los votos de los comuneros. Pero minera Majaz ha festinado documentos presentando autorizaciones de hace diez años, cuando las exploraciones las hacía una empresa llamada Coripacha, que luego transfirió el denuncio minero a Monterrico Metals, a todas luces otra razón social. La Defensoría ha sido clarísima al concluir que estos documentos no son los que exige la ley. Por lo tanto, el Ministerio de Energía se zurró en la legalidad vigente, cuando autorizó la exploración en terrenos de propiedad de comunidades que no la habían consentido.

La Defensoría demuestra además que Majaz violó de una manera flagrante otro requisito legal cuando solicitó al MEM la aprobación de su evaluación ambiental. El referido estudio lo hicieron los fantasmas porque el yacimiento de marras se ubica en el distrito de Huarmaca... ¡que no existe en Piura! Más allá del tema legal, que está muy bien explicado en este informe defensorial, lo que ha originado el rechazo de los pobladores es la actitud que Minera Majaz ha mostrado. Una actitud prepotente que utiliza su poder y sus contactos en Lima y desprecia el establecimiento de un diálogo con quienes van a ser afectados por sus operaciones. Como bien dice el informe del Perú Support Group (PSG), misión inglesa que vino a conocer el caso: “Cuando una entidad grande y desconocida se instala al final del valle en el que uno vive y establece un campamento que parece permanente, realiza experimentos que no deja ver, y no se tiene información real sobre lo que se propone hacer, se puede esperar cierto sentimiento de inseguridad”.

Consulten el blog de Paul Ernesto Maquet del cual transcribo algunos párrafos: http://lapalabraingenua.blogspot.com/